ROMITA, Guanajuato | #Pulso | Mediante caminos jurídicos difusos, el Gobierno de Oswaldo Ponce evadió pagar 28 mil pesos para dar por terminado un juicio laboral y el mismo Alcalde está en riesgo de ser expuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por desacato e incumplimiento.

¡QUÉ OSOTE! Oswaldo Ponce puede ser presentado ante la justicia federal si su Gobierno se obstina en evadir el pago.

Aunado a lo anterior, el área jurídica se negó a mostrar las partidas presupuestales que por mandato legal deben exhibirse para el pago de laudos y sentencias.

“El Municipio se está negando a hacer el pago de la cantidad requerida”, dijo el abogado defensor del ex servidor público, César Márquez, quien se apersonó en el Palacio Municipal para exigir se dé por concluido el caso con el pago inmediato de la sentencia y adujo que el actual Presidente Municipal, emanado del PRI, se niega a liberar los recursos por venganza política.

Dijo que “es sentencia firme y el Gobierno Municipal ya no tiene medio de defensa alguno para rebatir o combatir la sentencia”, sin embargo, “la terquedad de las autoridades romitenses puede provocar un gasto mayor”.

A pesar de que la negativa afecta las arcas municipales, el área jurídica se obstinó en ocultar las partidas presupuestales que se mencionan en el artículo 149 de la Ley del Trabajo de Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.

ES-CAN-DA-LA-ZO. El Gobierno romitense se niega a pagar una sentencia emitida por el Tribunal en materia laboral.

En caso de negarse el acceso a las cuentas, el actuario está facultado para solicitar se abran otras partidas y embargar la cantidad requerida.

El aplazamiento del pago genera intereses a razón del dos por ciento mensual y el pago podría llegar a los 40 mil pesos.

Si el Municipio se vuelve a mostrar reticente, se da vista a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), por comportamiento opaco y ocultamiento de información.

Además, el alcalde romitense, Oswaldo Ponce, puede ser llevado ante la justicia federal por no acatar una ordenanza jurídica… ¡y todo por necedad!, dijo el litigante.

TER-QUE-DAD. El área jurídica del Municipio no quiso mostrar las partidas presupuestales para el pago de laudos y sentencias.

CASO PERDIDO. El municipio ya no tiene medio de defensa alguno para revertir la sentencia. Todo está consumado.